La denuncia de la Fiscalía ante el caso de Rocío Carrasco por «intromisión» en su expediente de violencia de género

La Fiscalía ve indicios de delito en los siete funcionarios ajenos al caso de Rocío Carrasco que entraron a su expediente tras la serie documental y abre diligencias.

El pasado mes de junio la Fiscalía de Valencia abrió una investigación a nueve funcionarios por acceder de forma indebida al expediente de Rocío Carrasco en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista (VioGén). Ahora, 5 meses después ha decidido denunciar a siete de esos funcionarios por entrar en un sistema privado a raíz de la emisión del primer capítulo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘.

Y es que se detectaron varias entradas de forma indebida al expediente que había en torno a Rocío Carrasco en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista Viogén. Algo que además llamó mucho la atención por producirse tan solo el día posterior de la emisión del primer capítulo de la serie documental de Telecinco.

Cinco meses han pasado para que la Fiscalía haya dado el paso de denunciar a siete funcionarios valencianos por un posible delito de encubrimiento de secretos del artículo 197.2, por acceso indebido a base de datos. Lo más llamativo de todo es que los funcionarios denunciados trabajan en diferentes oficinas. Eso ha hecho que el caso se judicialice en Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca según confirma Europa Press de fuentes cercanas al procedimiento.

Cabe recordar que al sistema VioGén pueden acceder solo un determinado grupo de funcionarios así como miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o personas de la Administración de Justicia. El Ministerio del Interior detectó estos accesos a partir del 22 de marzo, justo un día después de la emisión de los dos primeros capítulos del documental. Días más tarde se descubrió que esos funcionarios de Valencia, Alicante y Castellón no estaban relacionados con el caso de la hija de Rocío Jurado.

Tras abrirse las pesquisas, los trabajadores expedientados fueron apartados de sus funciones de atención a víctimas de violencia machista y se les bloqueó el acesso a dichos expedientes.